DERECHO PENAL ECONOMICO.

El Derecho Penal Económico es una Subespecialidad del Derecho Penal.El Bien Juridico tutelado es el Orden Publico Económico, incluyendo el funcionamiento regular de la Economía Social de Mercado.

Un delito económico puede definirse, cuando el acto en cuestión viola el interés del Estado por la integridad y conservación del Sistema Económico.

La existencia de esta especialidad se encuentra justificada en el interés ético social, es decir, que el Bien Juridico Tutelado es un Bien Juridico Supraindividual.

Los detractores de esta especialidad del derecho penal argumentaban que no existía un bien jurídico a tutelar, con lo cual no se podía sostener la persecución del mismo. Otros alegaban que esta especialidad creada, tiene como verdadero objetivo la utilización de la ley Penal para recaudar.

Asimismo, quienes no estaban de acuerdo con el intervencionismo Estatal en nombre del liberalismo, aseguraban que no era necesario consagrar delitos económicos.

Los bienes jurídicos a tutelar los da la realidad, no  son creaciones de un Orden Juridico y al dañarse el Flujo de Hacienda Publica se perjudica la Economía de Mercado que sustenta las Democracias Modernas. 

EVASION TRIBUTARIA. (Proviene del  latín “evadere”: significa sustraer algo de un conjunto en el que se está incluido)

La finalidad de quienes evaden, es ocultarse dentro de la masa de los Obligados, para pasar desapercibido y evitar el pago de tributos.

La evasión tributaria se encuentra regulada en los arts. 1 y 2 de la Ley 24.769.La tutela penal se encontraría dada si son Tributos Nacionales.

El Congreso, no puede tutelar penalmente hechos ilícitos relacionados con Tributos Locales.

El tipo penal” evasión tributaria” es especial, requiere a su vez, una cualificación en el autor, es decir, el autor debe ser un obligado.

Algunos autores, equiparan la figura del obligado con la de contribuyente. Otros, se circunscriben para la determinación de la figura de “obligado”   a  los "obligados" enumerados  taxativamente en  los artículos cinco y seis de la Ley 11.683(Ley de Procedimiento Tributario).

Según el concepto funcional, quien participa de un Hecho en función de su Rol también seria "obligado".La participación en el hecho puede ser como autor o  participe.

La figura del EVASOR, tiene como móvil  “ánimo de lucro”.El elemento subjetivo del tipo, es el Dolo (que reúne dos elementos: conocimiento y voluntad). Deben reunirse los elementos necesarios que infieran que el obligado tenía conocimiento.

La evasión es un ardid u engaño. Ejemplo: la falta de presentaciones de Declaraciones Juradas, es una ocultación pero no necesariamente maliciosa.

La reiteración de los hechos o  mismo accionar, es un indicio claro de  maliciosidad necesaria para la  aplicación de las  penas previstas en articulo uno y dos de la ley penal tributaria.

Algunos autores, asemejan la figura de evasión a la de estafa. Esto  para otros es inadecuado, ya que en la estafa el autor busca un detrimento en el patrimonio de una víctima.

En la evasión tributaria, se perjudica  a la Hacienda Pública  y por consiguiente, el flujo normal de  la misma.

REGIMEN PENAL TRIBUTARIO. Ley 24.769.
Sancionada: Diciembre 19 de 1996. Promulgada de Hecho: Enero 13 de 1997.
                                                                                
                                                                             Evasión simple

ARTICULO 1º — Será reprimido con prisión de dos a seis años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, siempre que el monto evadido excediere la suma de cien mil pesos ($ 100.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aún cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un año.

 Evasión agravada

ARTICULO 2° — La pena será de tres años y seis meses a nueve años de prisión, cuando en el caso del articulo 1° se verificare cualquiera de los siguientes supuestos

:a) Si el monto evadido superare la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000).

b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la Identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000).

c) Si el obligado utilizare fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales, y el monto evadido por tal concepto superare la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000).

LAVADO DE ACTIVOS

NUEVA LEY LAVADO DE ACTIVOS.

El tipo penal” lavado de activos”, como delito autónomo fue incorporado en los artículos 277 y 278 del Código Penal, mediante la Ley 25.246 publicada en el Boletín Oficial del 10 de mayo de 2000 (siendo reglamentada por el decreto 169/01). La sanción de dicha ley, obedeció a la necesidad de adecuar nuestra legislación a los estándares establecidos por   Organismos  Internacionales Intergubernamentales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI) / Financial Action Task Force (FATF), cuyo  objetivo es el desarrollo y la promoción de medidas tanto a nivel nacional como internacional dirigidas a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La manifiesta injerencia de Organismos Internacionales  está relacionada al carácter supranacional del delito lavado de activos.

El antecedente legal de esta figura penal, lo constituye la ley 23.737 (1989) que tipificaba el delito de lavado de dinero, aunque exclusivamente referido al tráfico de droga.

Unos de los problemas más importantes que está enfrentando el mundo es la criminalidad trasnacional organizada, que por contar con grandes capitales  y recursos derivados de diversas actividades ilícitas (tales como narcotráfico, tráfico de armas, de seres humanos y órganos, corrupción, evasión fiscal, sobornos etc.), por distintos medios y procedimientos incorporan dichos fondos a la Economía Formal de los países, a través del denominado lavado de dinero o blanqueo de capitales.

El que no se combata el delito lavado de dinero, permite que las actividades ilícitas originarias de las que se obtienen  cuantiosas ganancias, prosperen y continúe el círculo vicioso  en perjuicio de toda la humanidad.

Por tratarse de un delito transnacional se requiere la colaboración de todos los países, que  por medio de sus organismos gubernamentales  se encuentran abocados a la investigación del mismo.

El primero de junio de este año, se convirtió en Ley  una nueva norma tendiente a erradicar  el lavado de activos.Entre las  principales modificaciones,se encuentran las siguientes:

• Se incorpora un nuevo Título en el Código Penal llamado “Delitos contra el orden económico y financiero”, que contendrá tres nuevos artículos (303, 304 y 305); otorgándose nuevas atribuciones a la Unidad Investigación Financiera (en adelante, UIF). Recordemos que la UIF, es un organismo creado por la ley 25.246, que  en sus artículos quinto a decimonoveno, establece su organización, estructura, funciones y  las responsabilidades que detenta.
•  Se sancionará el ingreso al mercado de bienes provenientes de un ilícito penal, siempre que su valor supere  $300.000.A las operaciones de lavado de monto inferior, se le aplicara las  penas establecidas por Encubrimiento(art.277 Codigo Penal).
• Las transferencias u operaciones cuyo origen licito no se acredite o justifique, instan a una Acción Penal
• También se otorgan facultades a los jueces para decomisar los bienes de modo definitivo, sin necesidad de condena penal cuando se hubiese podido probar la ilicitud de su origen o del hecho material al que estuvieren vinculados, siempre que el imputado no pudiera ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción u otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal.
•  En relación a  la UIF, se establece un nuevo proceso de selección de presidente y vicepresidente. El procedimiento será público, abierto y transparente garantizando la idoneidad de los candidatos, mediante audiencias públicas, en la órbita del Ministerio de Justicia. Se declara la autonomía y autarquía financiera de la UIF. Asimismo la UIF está habilitada para requerir información que considere útil a cualquier organismo público o privado, los cuales estarán obligados a informar bajo apercibimiento de ley, no pudiéndose amparar en las figuras de secreto bancario, bursátil, profesional o de confidencialidad. Se autoriza al Poder Ejecutivo a remover al presidente y vicepresidente de la UIF en caso de incurrir en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia, o cuando fueran condenados en delitos dolososo y por inhabilidad física o moral posterior a su designacion.  Se establece un plazo de 150 días corridos, en lugar de los actuales 30, para que la UIF informe operaciones sospechosas y prohíbe iniciar investigaciones de oficio o a partir de los reportes automáticos.Tambien se prohibe a la UIF querellar, siendo esto atribucion del Organo Jurisdiccional.
• El deber de informar recaerá entre otros en escribanos, graduados de ciencias económicas, corredores inmobiliarios, entidades financieras y aseguradoras. Éstos deberán reportar las “operaciones sospechosas”  de clientes que conozcan.
• Se elimina la restricción que une al delito con  el acto de encubrir delitos ejecutados por otros, lo que impidia la persecución penal del denominado "autolavado".
• Las personas jurídicas deberán designar un “Oficial de Cumplimiento” para informar, cuya responsabilidad es solidaria con todos los miembros del órgano de administración de la sociedad.

IMPUESTO A LA TRANSMISION GRATUITA DE BIENES EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

•  LEY 14.044 (con modificaciones introducidas por ley 14.200).
  El tributo a la la transmision gratuita de bienes en Provincia de Buenos Aires conforme modificaciones introducidas por ley 14.200; rige desde primero de enero de 2011.Dicho tributo alcanza a la transmisión gratuita de bienes como en herencias, legados, donaciones, anticipos de herencia, y cualquier otro hecho que implique enriquecimiento a título gratuito. Abarcan a personas contribuyentes que en primer grado se enriquezcan a título gratuito en más de 200 mil pesos por persona.
  En materia doctrinaria, cabe destacar que dicho tributo grava el enriquecimiento.
  En los casos de herencia, el deceso del causante debe producirse a partir de enero de este año, para configurar el hecho imponible.En estos casos, el impuesto debe integrarse en un plazo maximo de hasta 24 meses desde el fallecimiento. Este hecho conjuntamente, con aumento de riqueza de herederos forzosos, determinan la aplicación del impuesto.
  El tributo comprende a todos los bienes de quienes residan en la provincia al producirse la transmisión o cesión. Pero también a todos los bienes, inmuebles, aeronaves, automóviles, participaciones empresariales o en sociedades o emisiones de títulos públicos o privados, cualquiera que sea el domicilio del titular. Y cuando el fallecido o cedente del patrimonio tiene domicilio bonaerense, también están alcanzadas las porciones del patrimonio radicados en extraña jurisdicción.
  La ley 14.200, además, declaró extintas las deudas que se hayan devengado en 2010 por transmisiones gratuitas de bienes por sucesiones, donaciones o legados.
  En Inmuebles, los valores de referencia a considerar para determinar la Base Imponible son: la Valuación Fiscal, Valor Inmobiliario de Referencia y Valor de Mercado. Entre estas pautas, se considerara la que fije el mayor valor.
  En relación a los depósitos en cajas de seguridad, si bien no está bien definido, ARBA solo podrá intervenir por intermedio de la Justicia a través de un perito para que intervenga en la tasación de los bienes que se encuentran dentro de ellas, ya que la norma sancionada autoriza a ARBA a abrir y peritar cajas de seguridad de los fallecidos para realizar un inventario del contenido y aplicar el tributo como consecuencia.Entre las principales exenciones, se libera del pago de dicho tributo a quienes hereden una propiedad valuada hasta $ 100.000, que sea destinada a vivienda única y familiar; como así también no se encuentran gravadas las transferencias de Empresas por causa de muerte.
  La ley 14.044 (artículos 94 y 96), establece presunciones de la existencia de hechos gravados en los siguientes casos( salvo prueba en contrario), entre otros;_
• Las transmisiones a título oneroso de inmuebles a quienes llegaren a ser herederos o legatarios del causante dentro de los 3 años si son directas, o de 5 años si son indirectas;
• Compras a nombre de descendientes o hijos adoptivos menores de edad;
• Constitución, ampliación, modificación y disolución de sociedades entre ascendientes y descendientes, incluidos padres e hijos adoptivos, o los cónyuges;
• También se explica que salvo prueba en contrario, se considera que integran la materia imponible las cuentas o depósitos a la orden del causante, que estuvieren a nombre de su cónyuge, del heredero o legatario, o a nombre u orden conjunta;
• Las transmisiones a título oneroso en favor de herederos forzosos del enajenante o de los cónyuges de aquéllos, siempre que al tiempo de la transmisión subsistiere la sociedad conyugal o quedaren descendientes;
• Las transmisiones a título oneroso a favor de herederos forzosos del cónyuge del enajenante, o de los cónyuges de aquéllos, siempre que al tiempo de la transmisión subsistieren las respectivas sociedades conyugales o quedaren descendientes; 
• Tributan las extracciones de dinero efectuadas en los dos meses anteriores al deceso del causante o de su cónyuge, o a nombre u orden conjunta, recíproca o indistinta de éstos entre sí o de éstos y de sus herederos forzosos mientras no se justifique el destino que se les hubiera dado.

Los recursos provenientes de la percepción de dicho Tributo, se distribuirán de la siguiente manera:- 80%de los recursos que se generen tendrá como destino el Fondo Provincial de Educación,-10% se destinará al Fondo para el Fortalecimiento de Recursos Municipales y 10% al Fondo Municipal de Inclusión Social.Asimismo, los beneficiarios de incrementos patrimoniales a título gratuito, deberán realizar una declaración jurada a través de la página Web del organismo recaudador provincial (utilizando la clave de identificación tributaria asociado a su CUIT, CUIL O DNI).

DERECHO CONCURSAL.RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES.

REQUERIMIENTO DE DOLO.

La ley 24.522 (Ley de Concursos), introdujo modificaciones a las cuestiones de responsabilidad que pueden articularse en un Concurso o Quiebra, contra quienes han producido, facilitado, permitido o agravado el estado de cesación de pagos del deudor. El artículo 173,establece la responsabilidad que recae sobre representantes de una Sociedad, por conductas productoras de la insolvencia como así también de aquellas tendientes a disminuir la responsabilidad patrimonial del deudor.

El ejercicio de acciones de responsabilidad contra socios y otros responsables, corresponde al Sindico.

El Síndico  deberá contar para el  inicio de las mismas, con la autorización de la mayoría de los acreedores quirografarios. La reforma más cuestionable y trascendente es el requerimiento del dolo, como factor de atribución de responsabilidad.
Por ende, deberemos remitirnos al Derecho Civil, para determinar la existencia del mismo, conforme las distintas acepciones de este.

En nuestro derecho la palabra dolo tiene distintos  acepciones, a saber : -) designa la intención de cometer un daño. Es distintitvo al cuasi delito, en donde el agente obra con culpa o negligencia( art.1072 Codigo Civil) -) El dolo es uno de los vicios de los actos voluntarios, conjuntamente con el error, la fuerza o intimidación, la simulación y el fraude ( art. 931  y ss del CC .-) El dolo en la inejecución de la obligación consiste en su deliberado incumplimiento, es decir, comete dolo aquel deudor que pudiendo cumplir no quiere hacerlo(art 59 LSC).Los   distintos significados  tienen un requisito en comun, el autor del hecho tiene conciencia de la ilicitud del acto.

En los procesos concursales en donde se requiere acreditar la responsabilidad de los representantes de la Sociedad, la tercer acepción, es la que puede traer aparejada mayores contradicciones y diferentes interpretaciones.

Con este nuevas modificaciones normativas a partir de 1995, la Jurisprudencia se fue separando de la interpretación anterior a la Reforma, donde se atribuía responsabilidad a  los administradores por la sola violación de lo establecido en el art 59 de la Ley de Sociedades. Es decir el comportamiento reprochable podía ser culposo, o doloso, priorizando los derechos de los terceros que contrataban con la sociedad deudora.

Es por ello que hubo muchos detractores por las nuevas modificaciones, alegando que las mismas no coincidían con el derecho de daños, en donde se tutela los intereses de  la victima, buscando reparar eventos dañosos.En coincidencia con las criticas fundadas, la jurisprudencia en un principio rechazaba  en su mayoria prácticamente las acciones de responsabilidad intentadas.

En el proceso civil, la carga probatoria de existencia de dolo, está a cargo de quien la invoca. Se podrá utilizar todos los medios de pruebas con el fin de acreditar su existencia

En materia Concursal seria contrario al sentido común, cargar al síndico o a los acreedores con la obligación de probar la intención de dañar, cuando los administradores no presentan libros o no acreditan el destino que dieron a los bienes bajo su anterior custodia.
Es cierto que frente a las pruebas necesarias y las interpretaciones  para acreditar el DOLO requerido, se puede refugiar la tristemente renombrada INSEGURIDAD JURIDICA.

Conforme lo expuesto y actual jurisprudencia sería justo establecer, que  la desaparición de activos de una Empresa, o de  la documentación que debe detentar la Sociedad, sean inequivocas presunciones IURIS TANTUM de la existencia de dolo en la actuación de los administradores(o representantes) de la misma; mas aun si estos no pueden dar justificaciones validas sobre dichas circunstancias.

INTERVENCION SOCIETARIA

La intervención societaria se encuentra establecida en los arts. 113 a 117 de LSC (Ley 19.550).Como medida cautelar, plantea en la realidad varios conflictos para el desenvolvimiento ordinario de las Sociedades.El desplazamiento de un órgano de gobierno de una Empresa que funciona normalmente, genera problemas y perjuicios en  ese normal desarrollo. Por lo tanto, la intervención societaria  es conveniente que se aplique restrictivamente y exigir contra cautelas por los  daños y gastos, que provoca la concesión de tal medida.

La doctrina señala acertadamente, las dificultades que presentan la  intervención y el carácter restrictivo  que es necesario aplicar  para hacer lugar a dichos pedidos. Los legitimados activos, para solicitar intervención son : los socios, la sindicatura (art.296 LSC),los acreedores y la Autoridad de Contralor(art 303 de LSC).La legitimación pasiva recae sobre la sociedad y el administrador, cuyo accionar se objeta para solicitar tal intervención

Las dos modalidades de intervención son: 1.designacion de un administrador con desplazamiento del órgano natural 2. designar un coadministrador sin desplazar organo de administracion de la Sociedad.
Luego también existe la posibilidad de designacion de un veedor, pero la doctrina mayoritaria interpreta que dicho auxiliar no funciona como un interventor. La figura de veedor, solo se limita a observar, investigar e informar. En estos casos, el órgano de administración sigue funcionando habitualmente, con lo cual su designación   no se entiende como intervención.

La veeduría es una herramienta fundamental, en especial, para tutelar otros derechos como por ejemplo, el derecho de información del accionista. Como bien manifiesta Nissen, la figura del veedor no se agota en si misma, debe informar al juez si hay irregularidades o no para la decisión de la principal acción de remoción del órgano de gobierno.

La veeduría nunca puede causar daños a la sociedad, puesto que no posee injerencia en la gestion.Aunque es de destacar, que esta  designacion tambien genera gastos.

La intervención así como la veeduría, son  cautelares exclusivas a la acción de remoción.

En los casos de intervención, debe promoverse acción de remoción de socios, acreditar legitimación activa, el haber agotado previamente vías internas societarias (en el caso de las sociedades anónimas, ejemplo debe haberse convocado a Asamblea para remoción de administrador, ya que es un requisito que se diseño en este tipo societario), demostrar  existencia  de actos y omisiones del órgano de administrador, asi como tambien  de peligro y gravedad que fundamenten el pedido de intervención.

El fin de la intervención es tutelar el interés social o general de la sociedad. Por tratarse de una  medida cautelar,comparte todos los atributos generales a estas, exigiendo como presupuestos la verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora y la prestación de contra cautela. Como atributos especificos se encuentran, la  accesoriedad a la remoción de órgano de la administración y el agotamiento previo de las vías intrasocietarias.

La concesión de intervención, requiere la exigencia de contracautela suficiente y adecuada para hacer frente a todos los gastos causídicos, y  los perjuicios que provoque su implementación.

TRANSVASAMIENTO EMPRESARIO.

RESPONSABILIDADES EN EL PROCESO LABORAL.

En la realidad actual, muchas sentencias  laborales no pueden ejecutarse,  debido a que cuando llega el mandamiento de embargo u otra medida ordenada por Juez competente, la sede social se encuentra vacía, cerrada o es bien otra Empresa, que generalmente tiene la misma infraestructura que la anterior. En estos casos, entendemos que puede existir un vaciamiento o transvasamiento que permite extenderle la responsabilidad a los socios, administradores y controlantes de la sociedad originalmente condenada. Cada vez hay mas maniobras destinadas a vaciar una Empresa en crisis.

El vaciamiento seria el  género y el transvasamiento una especie  dentro del mismo. Se denomina transvasamiento, a la desaparición fáctica de un sujeto de derecho, el caso más común en la realidad es que una empresa  realice actividades comerciales continuando con la infraestructura de la empresa en crisis, o se encuentra integrada por personas vinculadas a esta. Por supuesto que  tambien es comun que en estos casos  no se respeten las normas de la ley de transferencia de fondo de comercio. Lo cierto es que en ambos casos existe una desaparición fáctica de la sociedad obligada a los fines de evitar hacer frente a sus pasivos. En este sentido, el acreedor laboral requiere de un tratamiento privilegiado respecto a restantes acreedores porque nuestro derecho lo establece, amen esto no siempre logra el trabajador hacer efectivo su credito.El acreedor laboral  cuenta con la accion de "pronto pago".
En un fallo anterior a la vigencia del art 54 ,tercer parrafo de la Ley de Sociedades, ante la desaparicion de una Empresa que despidio a todos sus empleados que ejercian  su actividad de mozos( Fallo  "Aybar Rubén y otro c/Pizzería Viturro SRL y otros" de fecha 9-5-73")(1);el Tribunal  fundandose en el principio general que emana del artículo 1071 del Código Civil, condeno a los socios gerentes a responder por el totum de la condena laboral. Es así como vemos que el fuero laboral incorpora la teoría de la inoponibilidad prácticamente en la misma época del historico fallo “Swift- Deltec”(2). Un fallo mas reciente, establece limitaciones a la aplicacion de inoponibilidad de personeria juridica:.."El régimen de inoponibilidad de la personería jurídica debe ser aplicado restrictivamente, y sólo en caso de existir pruebas concluyentes de que la actuación de la sociedad encubre un fraude o fines extrasocietarios.(CNTrab. S. I, octubre 31-2000; "González Román, Miguel A. c. Metalúrgica Leone S.A. y otros". DT 2001-B, 1161).Para analizar la cuestión en casos analogos, es necesario recurrir a normas del  Derecho Laboral , Civil y Societario. Como pilar básico en estos casos de responsabilidad se encuentra el art. 1109 del Código Civil que establece el principio “ el que daña repara”(art 1109:Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil. Cuando por efecto de la solidaridad derivada del hecho uno de los coautores hubiere indemnizado una parte mayor que la que le corresponde, podrá ejercer la acción de reintegro). Asimismo, tambien podemos mencionar el fraude pauliano (arts. 961 a 972),  y la acción de simulación (art. 955 y ss., CC), que pueden deducirse de manera conjunta o separada, la cual declara nulo el acto simulado entre las partes.

En la Ley de Sociedades, observamos que el art. 54 tercer parrafo, considera responsables por la imputación que se hace de la conducta social a los socios y controlantes ya sea internos o externos de hecho o de derecho. Para responsabilizar a los administradores tenemos que la normativa societaria no está sola, pues si bien los artículos 59, 157, 274, 279 de   LS reconocen  causales de imputabilidad tales como mal desempeño del cargo, violación a la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa graves, dichas conductas deben ser apreciadas conjuntamente con el  principio general del derecho emanado del artículo 902 del Código Civil, siendo por ende una responsabilidad claramente “calificada”. Como correlato de lo expuesto debe también tenerse en cuenta la noción de culpa expresada en el art. 512 del CC. Respecto de la ley de contrato de trabajo veremos que resultan aplicables los principios generales tales como: El derecho del trabajador de percibir su indemnización,el principio de buena fe, rector de la relación laboral, la condena solidaria cuando existe un control que derive en una conducción temeraria o maniobras abusivas,el principio de la realidad, que permite estarse a la realidad fáctica imperante por sobre las ficciones jurídicas creadas( arts 156,63,31,14 de la LCT). El principio de solidaridad establecido en el art. 225 y 228 LCT, ante la transferencia del establecimiento. El principio "in dubio pro operario",cobro mas importancia a partir de la reforma introducida por la ley 26.428 respecto del artículo 9 de la LCT que ahora establece: “Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido mas favorable al trabajador”.Complementando estas normas, recordemos que frente al fraude laboral opera a los fines de la extensión de la responsabilidad, la solidaridad consagrada por el artículo 1081 del Código Civil respecto de los autores, coautores, o sea terceros que tenga responsabilidad en la accion.

Notas:(1)La teoría de la penetración o de la desestimación de la personalidad societaria ha sido elaborada a propósito del uso desviado de ésta como cuando, prevaleciéndose de dicha personalidad, se afectan intereses de terceros, de los mismos socios y aún de carácter público. Su aplicación, en casos excepcionales, corresponde en materia laboral, cuando se trata de remediar una situación de fraude a los derechos del trabajador (CNTrab. S. II, mayo 9-1973; "Aybar, Rubén E. Y otros c. Pizzería Viturro SRL y otros". DT 1974-67).__(2)Este fallo relevante es  dictado en 1971 por el juez Salvador María Lozada;quien decidio extender el concordato preventivo de Swift a otras sociedades del grupo económico estadounidense Deltec International, al que pertenecía Swift de Argentina. Es decir,estableció la responsabilidad del conjunto empresario por las deudas de cualquier filial.

IMPUESTO DE SELLOS.

El impuesto de sellos es casuistico, por lo que no es sencillo establecer pautas generales.Por otra parte, este tributo tiene caracter local, es decir que cada provincia tiene su propio Impuesto de Sellos.

En terminos generales, el lugar donde se celebra el acto atrae la Potestad Tributaria.
Las tres caracteristicas esenciales de este impuesto; es que es un tributo local, se grava los actos de tipo onerosos  con caracter instrumental.
La caracteristica  necesaria para que un instrumento sea gravado, se encuentra en su  propia definicion .."cualquier documento que exteriorize un acto juridico en  la medida que sea autonomo para exigir su cumplimiento..".Para la aplicacion del impuesto sobre un instrumento, se requiere  que el mismo sea autonomo.La carta oferta es un ejemplo de instrumento no autonomo.

La Ley de Coparticipacion Federal aun vigente( Ley 23.548), establece ciertos criterios de interpretacion para evitar la doble imposicion.Si hay Cuestion Federal suficiente, se aplica la Ley de Coparticipacion Federal por sobre las leyes Regulatorias de Tributos Locales.

El hecho imponible que grava la ley de sellos, se extendio a actos y contratos administrativos como por ejemplo operaciones monetarias sin instrumentacion.

Ley de sellos  en  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El impuesto de sellos de la Ciudad de Buenos Aires creado por la Ley Nro 2.997, alcanza a: i) los actos y contratos que se plasmen en un documento idóneo y que se otorguen en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires; ii) produzcan efectos en ella, y iii) a las operaciones monetarias realizadas por entidades financieras.

En consecuencia, y de acuerdo a la nueva ley, están sujetos al Impuesto de Sellos los actos y contratos de carácter oneroso, siempre que se otorguen en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también los otorgados fuera de ella y que produzcan efectos en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, formalizados en instrumentos públicos o privados, o por correspondencia, así como los que se efectúen con intervención de las bolsas o mercados de acuerdo con lo que se establece a dichos efectos.

Se adhiere así la Ciudad de Buenos Aires a la corriente y criterio predominante en la mayor parte de las jurisdicciones provinciales,en que rige el gravamen.

El artículo 339 se inscribe dentro de los parámetros de imposición genéricos que dimanan del art. 337 del Código Fiscal, cuando alude a título aclaratorio que La obligación de tributar el presente impuesto no importa sólo hacerlo respecto de los actos, y contratos expresa o implícitamente mencionados por la Ley Tarifaria Anual, sino también respecto de todos los actos y contratos expresa o implícitamente encuadrados en las disposiciones de este Capítulo.

Están alcanzados por el Impuesto de Sellos, pues, todos los actos y contratos onerosos e instrumentados celebrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o que tengan efectos en ella. Sin embargo, por aplicación de las exenciones establecidas en la ley fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, existen supuestos previstos en el hecho generador que dan lugar al no nacimiento pleno o parcial de la obligación tributaria.

La Ley de Sellos de la Ciudad de Buenos Aires, incluye dentro del articulado específico, sólo algunas exenciones subjetivas. Las más relevantes están enumeradas en la parte general del Código Fiscal (capítulo VI), bajo el rótulo de Exenciones Generales, las que resultan de aplicación a este gravamen. A ello cabe agregar el amplio campo de las exenciones incluidas en el art. 385 del Código Fiscal por imperio de la nueva ley, la mayoría de las cuales son de naturaleza objetiva.

Hasta el momento este gravamen alcanzaba solamente a las Escrituras Públicas o instrumentos de cualquier naturaleza u origen por los que se transfiere el dominio o se otorgue la posesión de inmuebles situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los contratos de locación y sublocación de inmuebles en los que se desarrollen actividades comerciales y de viviendas con muebles que se arrienden con fines turísticos, y de leasing.

Se entenderá por instrumento toda escritura, papel o documento del que surja el perfeccionamiento de los actos y contratos alcanzados por el impuesto, de manera que revista los caracteres exteriores de un título jurídico con el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones.

Los escribanos, las entidades financieras, las compañías de seguro, y el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios quedan designados como agentes de recaudación del impuesto de Sellos, sin perjuicio de la facultad conferida a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para designar a otros agentes de recaudación.

Los escribanos de Registro deben controlar, en los actos y escrituras que lleguen a su conocimiento para su intervención celebrados con anterioridad; la inserción en el cuerpo de la escritura de la retención o el motivo de la exención del impuesto de Sellos.

RESOLUCIONES DE LA I.G.J SOBRE SOCIEDADES EXTRANJERAS.

La Inspección General de Justicia estableció una serie de resoluciones que exigen a las sociedades extranjeras informar si se hallan alcanzadas por prohibiciones o restricciones legales para desarrollar, en su lugar de origen, todas sus actividades o la principal o principales de ellas.

En este sentido, la I.G.J. sostuvo"... que el ejercicio de las garantías y libertades económicas reconocidas por la Constitución Nacional, no debe retacearse a las sociedades constituidas en el extranjero salvo en los límites de las prescripciones legales cuando las hubiere, debe compatibilizarse con una de sus condiciones básicas, que es la correcta vinculación de dichas entidades con el ordenamiento jurídico argentino, lo cual comporta la atribución de verificar extremos conducentes a su determinación, tanto en el momento en el que dichas sociedades exteriorizan su propósito de incorporarse a la vida económica del país como posteriormente durante su funcionamiento. Dicha atribución resulta inherente al ejercicio, en alcance razonable, del control de legalidad confiado a esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y de su poder de policía orientado a velar por los principios de soberanía y control anteriormente referidos, que se concretan en la fijación del correcto encuadramiento de las sociedades constituidas en el extranjero dentro de las disposiciones de la Ley Nº 19.550 relativas a su actuación extraterritorial".

El Organismo de Control estableció una serie de requisitos, para:

·       la verificación efectiva de la sede social y lugar de asiento de los negocios (R.G.6/2004);

·       la identificación de los verdaderos propietarios de los paquetes accionarios en caso de inversores extranjeros determinando su origen, fijando su responsabilidad y combatiendo su enmascaramiento a través de personas jurídicas interpuestas (R.G.7/2003);

·       la registración de los actos aislados cumplidos por la sociedades constituidas en el extranjero respecto de bienes inmuebles (R.G.8/2003);

·       el control sobre las fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro que, utilizando las franquicias de tales, realizan indirectamente una actividad comercial y lucrativa (R.G.7/2004,9/2004 );la supervisión y control de los representantes de estos entes en Argentina (R.G.11/2003);

·       las limitaciones para la utilización de estructuras off shore (R.G.2/2005);y la individualización de los accionistas en el caso de acciones al portador

(R.G.3/2005).

Las reglamentaciones aludidas se encuentran el Digesto (4) de la Entidad.

Cabe diferenciar entre las sociedades constituidas en el extranjero que vienen al país a invertir genuinamente capital y aquellas otras que fueron constituidas en y bajo las leyes de un país determinado pero con el objeto de realizar las actividades fuera de ese país.

El Organismo, creo esa serie de resoluciones, a los fines de prevenir la constitución de sociedades en fraude a la ley argentina.

http://www.jus.gov.ar/IGJ

Sociedades Extranjeras.

El Derecho, como dijimos anteriormente, está enfrentando  nuevas problemáticas, que surgen a raíz de la globalización, los nuevos negocios y formas de contratación que actualmente se están implementando.

Un tema que causa un extenso debate jurídico que se traslada a los estrados judiciales, es el de la sociedades extranjeras en nuestro país; el problema deviene por las múltiples estafas y evasiones que causaron las sociedades denominadas” off shore”,en los ultimos años en nuestro país; auspiciadas por un sistema y una legislación que propiciaba el desenvolvimiento de las mismas. Cabe señalar, que no todas las sociedades off-shore son sociedades extranjeras y que no todas las sociedades extranjeras actuan en nuestro pais de manera irregular o se constituyen  para realizar fines ilicitos.

La cuestión principal a resolver en torno a estas Sociedades, se encuentra en la publicidad de las mismas(es decir inscripción, identificación y asentamiento de su funcionamiento), siendo este acto el que da certidumbre a las relaciones mercantiles y a las ulteriores responsabilidades. La publicidad es el acto que garantiza la buena fe en el tráfico mercantil.

Las sociedades extranjeras que comercian en nuestro país, han de someterse también a esta inscripción publicitaria con los mismos fines que las sociedades nacionales: evitar el fraude a terceros, estableciéndose requisitos que tienden a la identificación de algún responsable o patrimonio que haga las veces de “prenda común”.

Normas de derecho internacional privado en la ley de sociedades ( ley 19.550).

La Ley de Sociedades,  en sus arts.118 a 124,  establece condiciones que las sociedades extranjeras deben cumplir  en nuestro país, para poder operar bajo el régimen de dicha ley.

En dichos articulos, se contemplan cuatro supuestos de actuación extraterritorial de la sociedad extranjera:

• 1.la realización, por la sociedad extranjera, de actos aislados.

El art.118 de la L.S.no define al acto aislado y se trata simplemente de una interpretación compleja que hace referencia a aquellos actos desprovistos de signos de permanencia y que, se caracterizan por lo esporádico y accidental.

La Jurisprudencia señalo “..es imposible precisar lo que debe entenderse por actos aislados, resultando también imposible prever la infinidad de situaciones factibles de ser así consideradas, por lo que la Ley N º 19.550 no lo define y no podría llegar a precisarlo, correspondiendo a la autoridad administrativa de control o al juez, llegado el caso, apreciar si el acto es realmente independiente, particular o accidental”. Si bien la Ley N º 19.550 no define el acto aislado, no existe en la doctrina y en la jurisprudencia una posición uniforme respecto del concepto, contraponiéndolo al del ejercicio habitual, aunque es dable compartir el criterio que sostiene que el supuesto de acto aislado debe apreciarse con criterio realista y restrictivo...”.

• 2.la realización habitual de actos comprendidos en el objeto social y el establecimiento, por parte de la sociedad extranjera, de sucursales, asientos o cualquier tipo de representación permanente en el país.

El art.118 3er.párrafo puntualmente establece los requisitos que la sociedad extranjera que realiza actividad habitual en nuestro país debe cumplir. Estos son:

a) acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país;

b) fijar un domicilio en la República,cumpliendo con la publicación e inscripción exigidas para las sociedades que se constituyen en la República;

c) justificar la decisión de crear dicha representación y designar la persona a cuyo cargo ella estará. Si se tratare de una sucursal, además, se determinará el capital que se le asigne cuando corresponda por leyes especiales.

• 3. La sociedad extranjera que participe en una sociedad argentina, ya sea como socia fundadora o por adquisición posterior de las acciones de esta, situación que se conecta con la manda del art.123 de la L.S. El art.123 de la L.S. puntualiza que las sociedades constituidas en el extranjero para constituir una sociedad en la República, o para participar de ella como socios o accionistas deberán previamente acreditar ante la Inspección General de Justicia, que tiene a su cargo el Registro Público de Comercio:

a) que se han constituido conforme a las leyes de sus países respectivos, e b)inscribir el contrato social, reformas y demás documentos habilitantes, así como la relativa a sus representantes legales en el Registro Público de Comercio y en el Registro Nacional de Sociedades por Acciones.

Siguiendo razonamiento de Nissen, aún cuando la redacción del art.123 de la ley societaria pueda originar alguna confusión, no caben dudas sobre la aplicación de la norma a la participación posterior en sociedades locales, pues de lo contrario, de interpretarse restrictivamente el verbo “constituir ”,ello implicaria despojar de todo sentido a al norma, tornarla ilusoria y fácilmente vulnerable.

Doctrina y Jurisprudencia han entendido que la participación de sociedades extranjeras en sociedades locales requieren el cumplimiento de los recaudos del art.123 de la L.S. porque, en definitiva, se trata de tomar el control de sociedades nacionales y constituye una forma de inversión extranjera que exige su registración.

En este sentido, cabe sostener que la inscripción de las sociedades constituidas en el extranjero como requisito previo a la inscripción de los actos societarios en los cuales aquellas han participado, permite conocer la seriedad del partícipe extranjero y juzgar la eventual responsabilidad por el pasivo social.

• 4. La sociedad extranjera constituida en fraude a la ley, es decir, aquella constituida en un país cualquiera pero que realiza en la Argentina toda su actividad comercial.

Es necesario señalar, que la sociedad que se encuentra incluida en el punto cuarto, no debe haber cumplimentado ni la manda del tercer párrafo del art.118 de la L.S.y tampoco debe haberse ajustado a los recaudos del art.124 para que pueda perpetrarse el fraude a la ley argentina.

Sociedad de Responsabilidad Limitada.SRL.

Este tipo societario se encuentra regulado en los arts. 146 a 162 de la ley 19.550.

En las SRL, los socios limitan su responsabilidad a la participación o integración de aportes que realizan. El número de socios no podrá exceder de cincuenta.

Estas Sociedades constituyen una sociedad intermedia entre las Sociedades de Personas y las Sociedades de Capital.

“ Tienen en común con las sociedades de capital es la limitación de la responsabilidad de los socios, la no repercusión sobre la sociedad de los acontecimientos que afectan la persona del socio(muerte, quiebra, interdicción).Y con las sociedades de personas los rasgos de una sociedad intuitus personae: injerencia activa de los socios en la administración, restricciones a la trasferencia de las cuotas, naturaleza de los títulos representativos de las cuotas, etc.(1)Bien que hoy la transferencia de cuotas es libre, se puede limitar, pero no prohibir (arts.152y153)...por Halperin".

Conflictos Societarios.

Al acaecer un problema societario, tanto en la SRL como en las demás sociedades, su resolución se da en la mayoria de los casos, por la compraventa de su parte social por uno de los socios en conflicto, a favor de los otros o de la propia sociedad.

Dicha tarea no es sencilla, los problemas a resolver, son la toma de conciencia de un problema que puede llevar a quiebra, cierre insolvencia de la Empresa, que todas las partes acuerden que la solución pasa por la desvinculación de uno o más socios, y en su caso establezcan, precio de las partes, formas de pago y garantías por el saldo, o que acuerden la posibilidad de una compraventa de sus partes acciones entre otras variables a suscitarse.

La incorporación de cláusulas contractuales efectivas en el Contrato Social .

Para evitar agravamiento de conflictos, es necesario la incorporación de Clausulas en el Contrato Social, en donde se encuentren previstas ciertas cuestiones.
Entre ellas:
 •cláusulas que sometan el conflicto a mediación y negociación.
 •cláusulas que especifiquen como responderán los diversos órganos en las situaciones conflictivas. En los casos donde sea una SRL de dos socios, se debe prever bien que ocurre si uno de los socios quiere desvincularse de la Sociedad y que ocurriría en esos casos con los Órganos y demás.
 •cláusulas estatutarias específicas que permitan la salida del socio.

 •cláusulas estatutarias relativas a la valoración del aporte social y pago del precio:

La determinación de aportes es uno de los grandes problemas del derecho societario, por lo que exige una previsión mayor en los inicios de la Sociedad.

Por tal motivo resulta conveniente establecer al menos las bases para la tasación, que podrán ser un balance especial, confeccionado bajo determinados parámetros, o la utilización de alguno de los métodos de valuación de acciones que se ajuste a las singularidades de la Empresa.

•clausulas relativas al funcionamiento de gerencia plural. Diferenciación de funciones de los gerentes.

•clausulas relativas a las transferencias de cuotas entre socios o a terceros ( y / o en caso de fallecimiento de uno de los socios, clausulas relativas a incorporación o exclusión de herederos).

•clausulas que prevean la adquisición de cuotas por la propia sociedad.

•clausulas relativas al modo de deliberar entre los socios y el funcionamiento de las mayorías (teniendo en cuenta que el art.160  de la ley 19.550, no es claro respecto a esto, presentando divergencias en doctrina y jurisprudencia).

SOCIEDADES DE HECHO E IRREGULARES.

Responsabilidad de los socios y derechos de los acreedores.

La Ley de Sociedades 19.550 prevé en sus arts. 21 a 26, disposiciones relativas a las sociedades no constituidas regularmente. Es decir, son sociedades que tienen fin de lucro, cuyo contrato constitutivo no fue inscripto en el Registro respectivo y que no han adoptado ninguno de los Tipos Societarios autorizados por la ley UT-SUPRA detallada (ej.: Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada etc).

La denominación común a estas, es que son sociedades atípicas. Cabe aclarar, que igualmente las sociedades irregulares o de hecho son sujetos de derecho. A continuación, mencionare el aspecto de las responsabilidades de los socios y de los derechos de los acreedores de estas sociedades, en la Jurisprudencia Argentina actual.

En primer lugar y por expresa imposición de la Ley de Sociedades (art.23), prevé que los socios y quienes contrataron con la sociedad quedan obligados solidariamente por las operaciones sociales.

Es dable destacar, que la Ley Nº 19550 nada dice sobre si un acreedor puede demandar a la Sociedad en sí, o a sus socios; debemos remitirnos por lo tanto, al Cód. Civ. (art. 384 del ordenamiento societario y art. 207 del Código de Comercio), pareciendo evidente concluir que el acreedor de la sociedad irregular o de hecho puede demandar indistintamente, a la sociedad y a sus socios o a cualquiera de éstos sin accionar contra el ente irregular.

En la práctica, una problemática recurrente en estos casos, es la prueba respecto a la calidad de socio que reviste un integrante en estas Sociedades Informales.

La jurisprudencia actual, concuerda que la responsabilidad solidaria de los socios de las sociedades no constituidas regularmente, prevista por el art. 23 primer párrafo de la Ley Nº 19550, solo rige en su plenitud cuando se trata de deudas no instrumentadas en títulos que traen aparejada ejecución. Por el contrario, y cuando se presenta esta hipótesis, el acreedor social solo podrá enderezar su demanda ejecutiva contra la sociedad, y solo en caso de que ésta no responda, demandar contra sus integrantes o contra los demás sujetos previstos (ver Reseña” Caso Catalano Carlos Domingo contra Del Río Aldo Eegar sobre ordinario-recurso de apelación”, 18-06.2009.).

Esta pretendida “subsidiaridad” propiciada por la Jurisprudencia, se asemeja al beneficio de excusión regulado en el art 56 de la Ley de Sociedades, cuyo otorgamiento solo es autorizado para las Sociedades Constituidas regularmente.

Conclusion: asignarles a las Sociedades Irregulares o de hecho, una suerte de beneficio de excusión, previsto para las Sociedades Regulares contraria la voluntad del legislador y el régimen de responsabilidades previsto en la mismísima Ley de Sociedades.

Aspectos Tributarios de las transferencias onerosas.

Aspectos tributarios en Fideicomisos Inmobiliarios.

Las transferencias onerosas, son aquellas en donde existe una contraprestacion actual o futura para quien realiza las mismas.Ej: un fiduciante cede un terreno para recibir en un futuro una Unidad Funcional.

ASPECTOS IMPOSITIVOS DE LA TRANSFERENCIA.
Si la transferencia es onerosa, hay que distinguir si el fiduciante es una Persona Física o una Persona Jurídica.
Si se trata de una Persona Física, la transferencia onerosa de un inmueble está gravada solo por el ITI (impuesto a la transferencia de inmuebles), y en este caso hay obligación de auto-retenerse porque el escribano no puede retener al no existir dinero físico. Existe un solo pago unico y definitivo, conforme valor de plaza.
¿Qué es el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles?
Es un impuesto que grava las transferencias de inmuebles ubicados en el país, y recae sobre las personas físicas y sucesiones indivisas que no realizan como actividad comercial habitual la compra–venta de inmuebles.
Se considera transferencia a la venta, permuta, cambio, dación en pago, aporte a sociedades y todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a Título oneroso.
Este impuesto surge de aplicar el 1,5 % sobre el valor de transferencia de cada operación (monto que surge de la escritura traslativa de dominio, boleto de compraventa o documento equivalente), y será retenido por el escribano interviniente o por el comprador, cuando no exista el anterior.
En el caso de tratarse de beneficiarios del exterior no inscriptos, ante la dependencia en la que el representante se encuentre inscripto.

En relacion a quien realiza la transferencia en Fideicomisos Inmobiliarios,hay que distinguir si se trata de una Persona Física y/o de una Explotación Unipersonal. Si un unipersonal transfiere un bien de su empresa, está gravado por el Impuesto a las Ganancias, igual que una Persona Jurídica.
Si se trata de una Persona Jurídica, la transferencia onerosa de un inmueble está gravada por el Impuesto a las Ganancias. Si el escribano no retiene hay que auto-retener.
Aquí hay que hacer una aclaración con respecto a la Persona Física que impositivamente es un Monotributista. Si el inmueble que transfiere es de uso personal, está gravado por el ITI. En cambio, si el inmueble que transfiere es de su actividad, no corresponde retención de ganancias porque es monotributista, pero tampoco corresponde el ITI porque es de la actividad.
BIENES PERSONALES: Originariamente, el decreto 780/95 establecía que el fiduciario pagaba bienes Personales. Con la Ley 25.063 el Fiduciario pasó a pagar Ganancia Mínima Presunta, quedando derogado tacitamente el anterior decreto.
Hay que remarcar que el fiduciario tiene que pagar bienes personales no como responsable sustituto, que seria el régimen existente para las sociedades( según ley 19.550).
Si el Fiduciante que transfirio los bienes a un fideicomiso es una sociedad, obviamente no paga bienes personales y tambien segun art 3 inc f, esta eximido de pagar Ganancia Minima Presunta.

NUEVAS MODALIDADES DE CONTRATACION.

Pooles de siembra (prov. de ingl pool:colecta).

A mediados de los años 90, aparecieron los denominados “pooles” de siembra. Estos se instalaron de forma creciente en el escenario del Sector Agropecuario, a partir de la crisis del año 2002, con el alza de precios de los commodities en el Mercado Internacional.
Esta creciente injerencia, provoco molestias, tanto por parte de los agricultores pequeños y medianos como del Gobierno Nacional.
Igualmente, no se pudo delimitar la expansión de estas Asociaciones; de hecho jurídicamente su actividad se fue regulando, bajo la denominación de “nuevo contratismo”, en muchos casos bajo la forma de Fideicomisos( Ver nota 27/02/2010).
Las asociaciones de similares características, se venía implementando en otros Sectores de la Economía, como por ejemplo en el Rubro Inmobiliario y en la Industria Automotriz.
Toda la actividad empresarial privada está avanzando en esta dirección.El avance de la tecnología, a su vez, es lo que posibilita la atomización de las actividades en los distintos Sectores de la Industria.
Un caso claro es el de la Industria Automotriz, las grandes corporaciones de este ramo tercerizan su producción, y desagregan la manufactura de autopartes en diferentes plantas.
En la Industria del Entretenimiento,como por ejemplo la televisión, Argentina está exportando productos televisivos a mercados antes desconocidos.
Anteriormente, era el propio canal de televisión que concentraba todas las actividades inherentes a sus productos. Hoy este segmento se atomizo, incorporando a nuevos jugadores, entre ellos: productoras, realizadores de filmaciones, negocios relacionados con el teatro y editoriales, cadenas encargadas de la distribución local e internacional entre otros.
Volviendo al sector agropecuario, la principal acusación en contra de los” pooles”, proviene a su asociación con el concepto de” inversiones golondrinas”, es decir, son inversionistas que buscan solo una mayor rentabilidad cortoplacista, en donde estos solo participan en épocas de bonanzas y en épocas desfavorables buscan otros nichos, produciendo esto un desbalance en los ciclos económicos de un país.
Lo cierto es que la irrupcion de los pooles, y el concepto actual de agronegocios, cambio por completo el escenario del Mapa Agrario.
La producción de cereales, en cabeza de familias en escala pequeña y mediana prácticamente está desapareciendo así como también el empleo rural propiamente dicho.
Las desventajas que provoca esta modalidad deberán equilibrarse con medidas políticas y creación de normativas que controle el adecuado funcionamiento e implementación de estos contratos de colaboración.
Un problema especifico que tiene nuestro país, es la “sojizacion”.En los 90 se libero al mercado, la soja transgénica. Argentina es uno de los países del Tercer Mundo, donde comienza a producirse la soja transgénica(es decir,soja modificada geneticamente).
La incursión de China, gran demandante de esta oleaginosa, hizo que estos “pooles” se dedicaran al cultivo masivo de soja en detrimento de otros cereales importantes, tanto como para el consumo interno de nuestro país como para la exportación.
Asimismo cabe resaltar que esta “sojizacion”, está asociada con consecuencias dañinas para el Medio Ambiente.El principal daño se esta haciendo a la tierra misma(recurso fisico primordial),dada la falta de rotacion de cultivos necesaria. El auge de este cultivo, se ha dado en detrimento de la flora y fauna en extensos territorios del país. Esta expansión, está provocando la desforestación de territorios en las provincias del norte argentino.
El Gobierno como tal debe evaluar y tomar medidas políticas, que limiten el monocultivo de soja transgenica por las consecuencias sociales, económicas, ambientales y sobre la salud del cultivo masivo que ello conlleva. Nunca se llevo a cabo un debate serio sobre las consecuencias negativas que este monocultivo masivo, tiene a largo plazo. Si bien no hay datos oficiales, se cree que el 50% de los campos cultivables, está sembrado con soja.

Concluyendo, todas las nuevas formas de contratación y de negocios conllevan cambios rotundos en el conjunto de la Sociedad. Es responsabilidad de las distintas partes actuantes, así como del Estado Argentino lograr un equilibrio que permita que estas nuevas formas de negocios operen, pero evitando los perjuicios que el abuso y uso incorrecto de los mismos puede producir a la Nación.


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